Ampliación detención preventiva de Camacho en caso golpe I

El abogado Martin Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, informó sobre la ampliación de la detención preventiva de su cliente en relación con el caso del gobernador. En una audiencia que tuvo lugar el día de ayer, se abordaron dos cuestiones clave en este proceso. En primer lugar, se discutió la situación jurídica de la detención preventiva, que ya había sido extendida previamente hasta el 26 de agosto. En segundo lugar, se presentó una solicitud extemporánea por parte del Ministerio Público para ampliar la detención por un período adicional de 90 días. El abogado Camacho expresó su desacuerdo con la decisión del juez, argumentando que se han evaluado de manera incorrecta las pruebas presentadas por el Ministerio Público para justificar la ampliación de la detención. Además, señaló que en el momento en que se presentó la solicitud de ampliación, la detención preventiva ya había caducado, por lo que, según su opinión, debería haberse ordenado la liberación inmediata del gobernador. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una serie de elementos, incluyendo declaraciones de testigos y registros de llamadas telefónicas, que buscan vincular al gobernador Camacho con el caso "Golpe I". El abogado argumentó que estas pruebas no establecen una relación directa entre su cliente y los hechos bajo investigación. Camacho también destacó que ciertas pruebas, como la declaración del señor Arturo Murillo y del General Calimán, son de imposible cumplimiento, ya que Murillo está cumpliendo una condena en Estados Unidos y Calimán está declarado en rebeldía, con paradero desconocido para el Ministerio Público. El abogado considera que esta ampliación de la detención preventiva es parte de un enfoque político destinado a debilitar a líderes de oposición en Bolivia. En respuesta a la decisión del juez, se presentó de inmediato una apelación, como corresponde según los procedimientos legales vigentes. Este caso sigue siendo objeto de interés público y se espera que las autoridades judiciales continúen evaluando las pruebas y argumentos presentados por ambas partes en el proceso judicial.