Comité se refiere sobre la condena al Ex presidente Rómulo Calvo
Fernando Larach, presidente del CPSC (Comité Pro Santa Cruz), ha compartido sus reflexiones en torno a la reciente condena al ex presidente Rómulo Calvo. En su comentario, aborda varios aspectos de la situación y cuestiona la duración del proceso, así como la presunta política de amedrentamiento por parte del gobierno.
Larach señala que, en primer lugar, se puede percibir una política de amedrentamiento dirigida a los líderes cívicos, utilizando el sistema judicial como una herramienta para generar intimidación. Sin embargo, enfatiza que estas tácticas no lograrán amedrentar a los líderes y a la población en general. Describe a Santa Cruz como una región resiliente, recordando una frase de un poeta que destaca la indomabilidad de su gente. Ante los intentos de acallarlos o aplacarlos, Larach asegura que Santa Cruz no se rendirá y que, en lugar de debilitarse, los líderes emergentes surgirán con mayor fuerza.
En cuanto al proceso judicial que involucra al ex presidente Rómulo Calvo, Larach critica su duración de 18 años, considerándolo como un indicio de interferencia política y sometimiento del órgano judicial al poder. A pesar de la preocupación del ex presidente, se menciona que apelará inmediatamente a la sentencia y que el proceso continuará debido a las instancias judiciales que permiten una serie de recursos.
El presidente del CPSC cuestiona las motivaciones detrás de estas acciones gubernamentales. Asegura que hay un patrón de persecución política y un intento de debilitar la institucionalidad y los liderazgos emergentes en Santa Cruz. Larach sugiere que el gobierno teme a los líderes cruceños y busca prevenir la proyección de líderes a nivel regional y nacional, comparando estas acciones con estrategias de dictaduras que buscan eliminar a los líderes y movimientos emergentes.
En conclusión, Larach plantea la posibilidad de que las medidas del gobierno sean una respuesta a eventos pasados, como los 36 días de paro, y menciona que la situación refleja un intento de limitar los derechos y la voz de la población cruceña.
