El gobernador de Potosí adquirió un auto del año en efectivo y ha sido destinatario de 117 depósitos por parte de funcionarios.
En un giro impactante, el gobernador de Potosí ha estado detenido en el penal de San Pedro de La Paz durante los últimos cuatro días. La detención preventiva, con una duración inicial de seis meses, se basa en acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas. La defensa del gobernador está preparando una apelación contra esta decisión judicial.
Las revelaciones del informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) han arrojado luz sobre las actividades financieras del gobernador Jhonny Mamani. El informe destaca que Mamani adquirió personalmente un vehículo modelo 2023 por alrededor de $25,000, de acuerdo con los registros de la UIF. Además, el informe señala que Mamani recibió al menos 117 depósitos bancarios de 16 cuentas, cuyos titulares son o han sido funcionarios públicos.
El informe detalla que estas transacciones sumaron más de Bs 200,000 y ocurrieron entre marzo de 2018 y diciembre de 2022. Importante es resaltar que este período coincide con la contratación en curso de 41 ambulancias para la región, una adquisición que generó controversia debido a alegaciones de irregularidades.
El informe de la UIF también subraya la presencia de "movimientos sospechosos" durante el tiempo en que Mamani se desempeñó como alcalde de Tahua, un municipio en el sudoeste de Potosí. Las investigaciones de la UIF, que se centraron en las finanzas de Mamani desde 2014, también establecieron vínculos con ciudadanos paquistaníes involucrados en la internación de vehículos a Bolivia desde Chile.
Este escenario culminó en una orden de prisión preventiva emitida el 18 de agosto por un juzgado anticorrupción. El juez tomó esta medida tras aceptar los cargos relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas. La defensa de Mamani planea presentar una apelación alegando que la detención preventiva fue excesiva.
Este caso ha desatado una serie de revelaciones sobre el comportamiento financiero de otros funcionarios. Incluso la tesorera de la Gobernación de Potosí se encuentra bajo escrutinio por realizar depósitos en efectivo por un monto de Bs 26,831 sin una explicación clara de su motivo.
Estas acusaciones también han desvelado una conexión entre Mamani y un grupo de ciudadanos paquistaníes que operan en el puerto de Iquique, Chile, en el negocio de la internación de vehículos a Bolivia. Además, se encontraron vínculos financieros entre Mamani y personas involucradas en la adquisición de ambulancias y otros vehículos.
Mamani enfrenta ahora un periodo de incertidumbre legal mientras su apelación se resuelve esta semana. Mientras tanto, el gobernador interino de Potosí, Wilber Jancko, tiene la responsabilidad de presentar el presupuesto 2024 al Ministerio de Economía en medio de esta turbulencia política y judicial. El caso ha resaltado la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
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