Denuncian que bus fue secuestrado por cuatro años y desmantelado en garaje privado con complicidad de funcionarios

La apoderada legal Verónica Jaquelin Loayza Urquieta denunció que un bus de propiedad de Deysi Guisela Choque Quispe permanece secuestrado desde el 13 de octubre de 2021 por la División de Trata y Tráfico de Personas, en un caso marcado por presuntas irregularidades, extorsión y desmantelamiento del vehículo. De acuerdo con la denuncia, a pesar de que existe una orden judicial y un requerimiento fiscal que instruyen la devolución del bus, este continúa retenido en un garaje privado ubicado en el barrio Roca Coronado, en Santa Cruz. El vehículo ha quedado completamente deteriorado y desmantelado, y su recuperación es obstaculizada por una deuda de Bs 84.000 que el propietario del garaje exige por concepto de almacenaje. Loayza informó que, en 2022, un suboficial de la Policía identificado como Ausberto Armijo solicitó Bs 10.000 al padre de la propietaria del bus para liberar el motorizado. Posteriormente, este funcionario habría sido promovido a un cargo como asesor en la Fiscalía Departamental Policial, lo que ha generado mayor indignación entre los afectados. El bus, según relató la apoderada, fue trasladado sin autorización y por medios propios hasta ese garaje privado, y actualmente se encuentra inutilizable: le faltan la computadora, tableros, asientos y otros componentes esenciales. “El primer piso parece un cuarto”, describió Loayza, al lamentar el estado en el que fue encontrado el vehículo. En paralelo, se presentó una petición de informe por parte de la senadora Silvia Salame, a través de la cual se evidenció que el Fiscal General del Estado no ordenó ni el secuestro, ni el desmantelamiento del motorizado, ni su envío a un garaje privado. Además, el funcionario asignado al caso no presentó ningún informe oficial. A raíz de estas irregularidades, los propietarios interpusieron una denuncia ante la Dirección de Responsabilidad por la Función Pública (DIRYP) contra los funcionarios implicados y también iniciaron un proceso penal por robo agravado contra los propietarios del garaje, identificados como Damián Gutiérrez y Rubén Francisco Méndez. Asimismo, existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que instruye la devolución inmediata de vehículos en casos de robo agravado de accesorios. En ese sentido, Loayza exigió que el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gustavo Astilla, cumpla con la orden de entrega, emitida por la juez Claudia Karina Romero. Finalmente, la apoderada responsabilizó directamente a la Policía Boliviana, al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno por el daño material y económico causado, y exigió respuestas inmediatas. “Después de cuatro años de secuestro indebido, alguien tiene que hacerse cargo del perjuicio causado”, manifestó.