El Gobierno pagará por decreto a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos
El Gobierno de Bolivia, liderado por Luis Arce, ha tomado la decisión de establecer un sistema de compensación económica para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Estos pagos se llevarán a cabo mediante la emisión de decretos supremos que permitirán la asignación de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). La responsabilidad de gestionar estas soluciones amistosas recae en la Procuraduría General del Estado (PGE).
La asignación de fondos adicionales del Tesoro General de la Nación destinados a la Procuraduría General del Estado, para cumplir con las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Solución Amistosa, será autorizada mediante Decreto Supremo. Esta medida se ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto, que ha sido objeto de una reformulación en la Cámara de Diputados.
En los últimos tres años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido un total de 21 casos, lo que ha propiciado la apertura de un período de "solución amistosa". Esto implica que tanto el Estado como las víctimas tienen la oportunidad de alcanzar acuerdos para la reparación de los daños causados. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido tres fallos que requieren la asignación de recursos financieros para compensar a los demandantes.
El presidente de la comisión de Planificación Económica, Omar Al Yabhat, ha comunicado que el proyecto de reformulación del presupuesto se ha remitido al pleno sin observaciones. No obstante, el diputado de la alianza opositora CC, Carlos Alarcón, ha argumentado que una norma como la reformulación del presupuesto no debería incluir disposiciones sobre el pago de compensaciones, ya que se enfoca en aspectos administrativos relacionados con los gastos del Estado.
El sistema de pago por soluciones amistosas está contemplado en la Ley de Conciliación y Arbitraje (Ley 708) de Bolivia. A pesar de que esta ley permite la celebración de acuerdos de solución amistosa, algunas de las víctimas afectadas han rechazado esta opción y prefieren esperar los plazos para llevar al Estado ante la Corte IDH.
