"Emergencia por sequías e incendios: Impacto y respuesta en Municipios afectados"
La directora del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Paola Weber, ha destacado la crítica situación en Santa Cruz debido a sequías e incendios forestales. El decreto parlamentar 410, emitido por el gobernador Luis Fernando Camacho con una vigencia de nueve meses, ha impulsado la declaratoria de desastre en varios municipios afectados. Hasta el momento, se han declarado 14 municipios en desastre, siendo 5 de ellos por incendios forestales.
La magnitud de la emergencia incluye 265 comunidades afectadas, 16.864 familias damnificadas, 74.812 hectáreas destruidas, 111.634 cabezas de ganado en riesgo y 2.003 cabezas de ganado fallecidas. Esta crisis no solo ha causado pérdidas agrícolas, sino que también ha generado problemas de salud, con infecciones diarreicas agudas alcanzando niveles epidémicos en 18 municipios. Para abordar estos problemas de salud, se desplegarán brigadas médicas y se coordinará con organizaciones no gubernamentales como Visión Mundial y Save the Children para proporcionar suministros esenciales, pastillas potabilizadoras y tratar el agua.
La prioridad en esta situación crítica es proporcionar agua tanto para consumo humano como para animales, a través de tanques y la perforación de pozos, mientras se trabaja en conjunto para contrarrestar las consecuencias de esta emergencia en los municipios afectados.
Por otra parte, Zvonko Matkovic, Presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, ha proporcionado detalles sobre la situación de emergencia en la región debido a los incendios y sequías. Ha destacado la declaración de emergencia por parte del Gobierno Autónomo Departamental, que ha estado atendiendo a 18 municipios afectados por precipitación, vientos fuertes, sequías e incendios forestales desde febrero. Además, el decreto departamental 410 ha cumplido nueve meses de vigencia y se está elaborando un nuevo decreto de emergencia que respaldará a municipios afectados por sequías e incendios forestales.
La comisión de primera respuesta ha recibido una alerta de incendios forestales en áreas de difícil acceso, lo que dificulta la atención rápida debido a riesgos para las brigadas de bomberos. Se busca apoyo de la Policía Nacional y el comando conjunto de respuesta a eventos adversos para combatir incendios activos en estas zonas. Además, se hace un llamado a no politizar la atención de emergencias y a mejorar la coordinación entre instituciones y autoridades municipales.
El endurecimiento de las penas por incendios se ha propuesto, y se solicita a las asambleas y autoridades analizar el artículo 206 del código penal para su modificación. Se destaca la importancia de coordinar entre los niveles nacional, departamental y municipal para proteger la vida y la biodiversidad. También se menciona el compromiso del Colegio Médico y la Federación de Empresarios Privados en apoyar las coordinaciones para atender estas emergencias.
En cuanto a los recursos, el gobierno departamental ya ha desembolsado aproximadamente 6 millones de bolivianos y se está gestionando un nuevo decreto para seguir respondiendo a la emergencia según sea necesario. No se ha establecido un monto definitivo, ya que se continuará trabajando en función de las necesidades que surjan.
