En fallo del TCP hubo cuatro acciones contra la CPE

Expertos en derecho constitucional y políticos señalan que la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha dado lugar a cuatro acciones que atentan contra la Constitución Política del Estado (CPE). Dicha resolución ha generado controversia, siendo considerada por algunos como un golpe judicial y un exceso de competencias. De acuerdo con los análisis de abogados, políticos y constitucionalistas, el TCP cometió un golpe a la justicia al exceder sus competencias, retirar atribuciones al Legislativo, pronunciarse sobre una ley y autoprorrogarse. Además, los críticos sostienen que el tribunal no garantizó la supremacía de la CPE al incumplir plazos establecidos. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, describe el fallo como un autogolpe a la justicia y un fraude constitucional, comparándolo con la sentencia 0084 sobre la reelección. Pedrazas destaca la paradoja de que, aunque el TCP no resuelve la cuestión de la reelección de Evo Morales, sí se autoprorroga incumpliendo plazos para evitar elecciones judiciales. El abogado constitucionalista Israel Quino califica la decisión como un "golpe judicial a la democracia en Bolivia", considerando la autoprorroga como inconstitucional. Gustavo Mendoza Orozco, otro constitucionalista, agrega que la decisión se toma en un contexto de crisis judicial y critica la falta de acción del TCP ante el inminente vacío de poder. El expresidente de Bolivia y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Velté, destaca que el TCP excedió su competencia al disponer la prórroga de su propio mandato, violando la Constitución. Rodríguez Velté critica la demora del tribunal en atender recursos y consultas, afectando la función legislativa y la vigencia de derechos fundamentales. Juan Pablo Cervantes, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), cuestiona la imparcialidad de los magistrados, sugiriendo la posibilidad de denunciarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cervantes considera que la declaración del TCP, que beneficia a los propios magistrados con la autoprórroga, deja dudas sobre su imparcialidad. El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Marco Antonio Baldivieso, califica la decisión del TCP como una usurpación de funciones y una vulneración de la Constitución. Baldivieso destaca la paradoja de que el mismo órgano encargado de hacer cumplir la Constitución sea el que la vulnera para favorecer intereses políticos. La decisión del TCP ha generado fuertes críticas y preocupaciones sobre el respeto a la democracia y la imparcialidad del sistema judicial en Bolivia.