Fiscalía acusa formalmente al Gobernador Luis Fernando Camacho por delito de 'Resoluciones contrarias a la constitución'

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha presentado una acusación formal contra el gobernador Luis Fernando Camacho por el delito de "resoluciones contrarias a la Constitución". Esta acusación se enmarca en el contexto del caso "decretazo", relacionado con la designación irregular de la autoridad interina en marzo de 2022. La acusación fue elaborada por el fiscal Marcos Arce y busca la aplicación de la pena máxima para este delito, la cual conlleva una posible condena de hasta seis años de prisión, de acuerdo con el Código Penal vigente. Además, el requerimiento presentado por la Fiscalía solicita al juzgado anticorrupción de Santa Cruz abrir la etapa de juicio oral en este caso. El caso "decretazo" fue iniciado a raíz de una denuncia presentada por el asambleísta departamental Clemente Ramos, perteneciente al Movimiento al Socialismo (MAS). La denuncia alega que el gobernador no cumplió con su deber de designar al vicegobernador Mario Aguilera como autoridad interina durante su viaje a Brasil en marzo de 2022. El abogado de los denunciantes, Marcelo Aliaga, anunció que en la etapa de juicio oral solicitarán una condena de seis años de prisión para Luis Fernando Camacho. Es importante señalar que el gobernador Camacho se encuentra bajo detención preventiva desde diciembre de 2022, en relación con el caso "Golpe I". Aunque el primer plazo de esta medida cautelar venció en abril, la Fiscalía solicitó una ampliación, y además, se han activado otros casos que han prolongado su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro. El caso "decretazo" se originó el 9 de marzo de 2022, cuando el gobernador Luis Fernando Camacho viajó a Brasil para participar en la 12va Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima (GCF Task Force). Antes de su viaje, emitió el Decreto Departamental 373, en el que designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, en lugar del vicegobernador Mario Aguilera. Posteriormente, el gobernador reconoció que el decreto fue firmado para garantizar el normal funcionamiento de la Gobernación mientras él cumplía con sus compromisos en provincias y que no debió haber entrado en vigencia.