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Fondo Indígena: Arce firmó transferencias por más de Bs 100 millones a 20 dirigentes, según denuncia

Fondo Indígena: Arce firmó transferencias por más de Bs 100 millones a 20 dirigentes, según denuncia
Entre 2013 y 2015, el entonces ministro de Economía, Luis Arce, autorizó transferencias superiores a Bs 100 millones a al menos 20 cuentas bancarias pertenecientes a dirigentes de diversas organizaciones sociales del MAS, según la denuncia presentada por la parte acusadora en el caso Fondo Indígena. Por este motivo, la Fiscalía imputó al exmandatario por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El abogado Eduardo León, representante de la parte denunciante, informó que Arce es investigado por la transferencia de recursos públicos a cuentas privadas, monto que suma Bs 102.898.896 solo entre los primeros 20 beneficiarios identificados. Señaló que las transferencias fueron realizadas bajo el rótulo de “proyectos de desarrollo campesino”. Entre los beneficiarios mencionados destacan: Melva Hurtado Áñez, exdirigente de la Cidob: Bs 22.977.230 Hubert Rivero Méndez: Bs 11.435.710 Victoria Justiniano Gonzales: Bs 8.530.814 Dionicio Flores López: Bs 6.748.141 René Jiménez Ledezma: Bs 6.111.066 Rolando Ali Garzofino: Bs 5.936.628 Joaquín Salomé Apaza: Bs 4.134.066 Julia Ramos Sánchez: Bs 3.453.487 Celia Zúñiga Ortiz: Bs 3.310.985 Jorge Choque Salomé: Bs 3.279.363 Otros diez exdirigentes recibieron montos que oscilan entre Bs 2.9 millones y Bs 2.4 millones, según los registros que serán entregados al Ministerio Público. León indicó que esta lista es solo una parte del conjunto de presuntos beneficiarios, pues existiría otro grupo de dirigentes vinculados al MAS que también habrían recibido montos significativos. Entre ellos se mencionan: Juanita Ancieta (Bartolinas): Bs 9.130.814 Fernando Choque (dirigente campesino): Bs 8.210.096 Hilarión Mamani (Conamaq): Bs 600.000 Damián Condori, actual gobernador de Chuquisaca, quien en ese periodo era dirigente de la Csutcb: Bs 600.000 Luis Arce fue aprehendido el miércoles en La Paz, y la Fiscalía solicitó 90 días de detención preventiva en el Centro de Reinserción de Qalauma mientras avanza la investigación.
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