Gobierno argentino interviene medios estatales por un año

En una polémica decisión, el Gobierno argentino anunció la intervención de todos los medios estatales por un período de un año, como parte de su política de "reorganización de las empresas públicas", según lo establecido en el decreto 117/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida afecta a destacados medios como Educ.ar, Radio Nacional, Televisión Pública, la agencia de noticias Télam y las señales de Contenidos Públicos segmentados, entre otros. Además, se incluye la administración del Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua). La intervención, que contempla la posibilidad de prórroga, tiene como objetivo "elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades", abarcando la revisión de la administración de fondos, la modificación del régimen de contrataciones y la designación o suspensión de funcionarios. La misión de los interventores incluye "optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas", en consonancia con la búsqueda del Ejecutivo de Javier Milei de "una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público". Diego Chaher y Diego Marías fueron designados como interventor e interventor adjunto, respectivamente, de Radio y Televisión Argentina, además de Télam, Contenidos Públicos y Educ.ar, bajo la supervisión del jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) reaccionó con contundencia, considerando la intervención como una "violación de la legislación vigente". Argumentan que la medida pasa por encima del Congreso de la Nación, ya que "algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quitará todo rol". En un comunicado difundido en redes sociales, Fatpren expresó su preocupación, señalando la "clara intención del Poder Ejecutivo de privatizar los medios públicos para hacer un negocio con ellos, tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación". Recordaron que impugnaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, argumentando la incompatibilidad del mismo con las obligaciones del Estado en la garantía de la pluralidad de voces en los medios públicos. Crédito: EFE