La OEA respalda a Ecuador y ofrece apoyo técnico y político ante la escalada de violencia
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los 33 países miembros aprobaron por aclamación una resolución condenando la escalada de violencia que afecta a Ecuador. La OEA expresó su respaldo al gobierno del presidente Daniel Noboa y se comprometió a brindar apoyo técnico y político, además de seguir monitoreando la situación en el país andino.
La resolución, propuesta por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, solicitó el "apoyo decidido" de los países latinoamericanos frente a lo que describió como una "grave crisis y conmoción social" en Ecuador. La OEA, en consonancia con la Carta Democrática Interamericana, declaró su respaldo al régimen democrático, instituciones gubernamentales y al presidente constitucional Daniel Noboa Azín.
El Consejo Permanente expresó su profundo rechazo a los actos violentos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada transnacional en Ecuador. También condenó cualquier acción que atente contra la institucionalidad y el Estado de Derecho, repudiando amenazas o acciones violentas que alteren la democracia y la convivencia pacífica en el país sudamericano.
En el marco de la resolución, la OEA reconoció los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano para restaurar el orden público, preservar el Estado de Derecho, respetar los derechos humanos, garantizar la seguridad ciudadana y buscar la paz social. Instó al Gobierno y al pueblo de Ecuador a mantener una firme defensa del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos como garantías para la paz y la seguridad ciudadana en las Américas.
El presidente Daniel Noboa, quien asumió el cargo recientemente con un mandato de 15 meses, se enfrenta al desafío de gobernar en un ambiente políticamente polarizado y con la falta de mayoría en el Congreso. La oposición liderada por el correísmo, vinculada al ex presidente Rafael Correa, agrega incertidumbre, y su disposición para colaborar con el Gobierno en medio de la crisis es cuestionable, lo que podría obstaculizar los esfuerzos de estabilización.
Además, la debilidad institucional del Estado ecuatoriano se hace evidente en la falta de control y gestión efectiva del sistema carcelario, donde las cárceles se han convertido en bastiones de grupos criminales. Este panorama plantea un desafío adicional para el Gobierno en su lucha por mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza y restaurar la estabilidad en el país.
