Ley 1636 refuerza la lucha contra la violencia sexual en entornos digitales

Cada 30 de enero, en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se abre un espacio de reflexión sobre el rol del sistema educativo en la construcción de una sociedad más justa, respetuosa y libre de violencia. Esta fecha permite visibilizar desafíos actuales que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes, especialmente en los entornos digitales. En ese contexto, la Ley Nº 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales se consolida como una herramienta clave, particularmente a través de su Capítulo IV, que establece obligaciones específicas para el sistema educativo en materia de prevención, protección y detección temprana de situaciones de riesgo. La violencia contra la niñez y adolescencia ya no se limita a espacios físicos. Hoy, gran parte de las agresiones, amenazas, acoso y vulneraciones de derechos se producen en redes sociales y plataformas digitales que forman parte de la vida cotidiana escolar. La violencia psicológica, la exposición a contenidos dañinos y la captación con fines delictivos representan riesgos reales que requieren una respuesta estatal articulada y especializada. La Ley 1636 no solo tiene un carácter sancionador, sino también preventivo y formativo. Su correcta aplicación implica fortalecer la convivencia pacífica desde las aulas, promover el uso responsable de las tecnologías y preparar a la comunidad educativa para identificar señales de violencia y actuar oportunamente. La experiencia institucional demuestra que los mayores avances se logran cuando existe una articulación efectiva entre el sistema educativo y el sistema judicial, con directores, docentes, orientadores y operadores de justicia trabajando bajo criterios y protocolos comunes para precautelar la integridad de las y los estudiantes. Desde el Ministerio Público, se remarca que investigar y sancionar es necesario, pero insuficiente si no se actúa antes del daño. La aplicación adecuada de la Ley 1636 permite intervenir de forma temprana, evitar la escalada de la violencia y garantizar una protección integral de la niñez y adolescencia. Asimismo, la coordinación entre ambos sistemas fortalece la confianza de la comunidad educativa, al establecer rutas claras de actuación y asegurar que las denuncias sean atendidas con la debida diligencia, rompiendo el silencio que muchas veces rodea estos hechos. En un contexto cada vez más digitalizado, la prevención desde las aulas cobra mayor relevancia. El Estado tiene la responsabilidad de brindar orientación, acompañamiento y protección efectiva, reafirmando su compromiso con la construcción de entornos seguros y libres de violencia. Este 30 de enero, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la correcta aplicación de la Ley Nº 1636 y con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Bolivia, promoviendo una cultura de paz que trascienda las aulas y se consolide en toda la sociedad.