Minería ilegal escala a un problema de seguridad por ataques armados contra operativos estatales
La minería ilegal aurífera en Bolivia ha dejado de ser únicamente un problema relacionado con la explotación irregular de recursos naturales para convertirse en una amenaza vinculada a la seguridad del Estado. Así lo reconocieron autoridades nacionales luego de que comisiones técnicas encargadas de fiscalizar actividades mineras ilegales fueran atacadas con armas de fuego y explosivos durante operativos realizados en distintas regiones del país.
Durante el primer semestre de 2026, al menos dos intervenciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fueron repelidas con disparos y dinamita en comunidades del departamento de La Paz. Estos hechos llevaron a la institución a advertir que la minería ilegal también está relacionada con problemas de control territorial, soberanía y presencia de grupos armados que dificultan el trabajo de las autoridades.
Según información publicada por Mongabay Latam, el Gobierno reconoce que existen zonas auríferas donde operan organizaciones al margen de la normativa minera y que, además, estarían vinculadas a otros delitos como el tráfico de armas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 1 de julio en la comunidad de Achiquiri, municipio de Mapiri, donde una comisión técnica de la AJAM realizaba una inspección para verificar presuntas actividades mineras ilegales. De acuerdo con el reporte, los funcionarios fueron atacados con piedras y disparos de armas de fuego, situación que los obligó a abandonar el lugar para resguardar su integridad. El vehículo institucional sufrió daños durante el ataque.
El director de la AJAM, Jaime Sanabria, sostuvo que estos hechos evidencian una nueva dimensión del problema. Señaló que donde existe minería ilegal también se detecta la presencia de tráfico y tenencia ilegal de armas, grupos irregulares y actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.
La autoridad explicó que desde noviembre de 2025 las intervenciones realizadas en departamentos como Pando, La Paz, Beni y Potosí han encontrado resistencia violenta por parte de grupos que utilizan armas de fuego y explosivos para impedir los controles estatales.
A este caso se suma otro operativo registrado el 9 de abril en la comunidad de Lip’ichi, municipio de Sorata, donde una comisión de la AJAM y un contingente policial también fueron recibidos con disparos y dinamita durante una intervención destinada a restituir derechos mineros. Sanabria informó que ambos casos continúan bajo investigación y que, aunque existen órdenes de aprehensión contra dos presuntos líderes vinculados al hecho de Lip’ichi, hasta el momento no se reportan personas detenidas.
Especialistas consultados por Mongabay Latam consideran que la situación requiere una respuesta coordinada entre diferentes instituciones del Estado. El geógrafo y analista minero Fernando Alcons indicó que los ataques contra funcionarios reflejan una problemática que se ha ido agravando y recordó que desde noviembre de 2025 se denunciaron al menos 14 casos de minería ilegal, varios de ellos con resistencia durante las inspecciones oficiales.
El especialista señaló que la minería ilegal representa un desafío que no solo afecta la actividad minera, sino también las fuentes de agua, la biodiversidad, la producción agroecológica y a las comunidades que habitan las zonas afectadas. Asimismo, planteó fortalecer la coordinación entre la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Procuraduría, gobiernos municipales y entidades ambientales para enfrentar organizaciones que, en algunos casos, cuentan con una importante capacidad de movilización.
Además del componente de seguridad, las autoridades advierten que la minería ilegal genera impactos ambientales debido al uso de maquinaria pesada y dragas que alteran el cauce de los ríos y afectan ecosistemas amazónicos.
La AJAM aseguró que continuará con las labores de fiscalización mediante nuevas estrategias que incluirán labores de inteligencia y el apoyo de fuerzas de seguridad para intervenir en zonas donde actualmente el control estatal enfrenta mayores dificultades.
Por su parte, representantes de cooperativas mineras rechazaron que existan organizaciones criminales operando en algunas regiones. El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Carlos Alanoca, afirmó que el caso de Achiquiri corresponde a un conflicto interno dentro de una cooperativa y negó la existencia de estructuras armadas dedicadas a la minería ilegal.
Mientras las investigaciones avanzan, el Gobierno anunció que trabaja en acciones interinstitucionales para recuperar la presencia estatal en áreas auríferas donde la minería ilegal ha evolucionado hacia un problema que involucra seguridad, control territorial y protección de los recursos naturales.
