Nayib Bukele despliega 8,000 fuerzas para controlar pandilleros en El Salvador
En marzo de 2022, el líder de Centroamérica emprendió una iniciativa contra la delincuencia respaldada por un régimen de excepción aprobado por el Congreso pero objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes una nueva medida en su estrategia contra las pandillas, al implementar un cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas, iniciando esta ofensiva en marzo de 2022.
“Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cordón de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del área y cortar todas las líneas de suministro de los grupos delictivos”, compartió el mandatario en la plataforma Twitter, ahora denominada X, al dar a conocer esta operación.
El presidente Bukele ha implementado cercos militares en ciudades y municipios desde el año pasado como parte de su estrategia para desmantelar a las temidas pandillas que controlaban gran parte del territorio nacional. Sin embargo, es la primera vez que aplica esta medida en un departamento completo.
El mandatario informó que esta decisión se debe a que "producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse".
El cerco se mantendrá vigente hasta que los operativos puedan capturar a todos los pandilleros. Cabañas, con 150.000 habitantes, es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, con apenas 1.100 kilómetros cuadrados. Es una región agrícola con cultivos de café y caña de azúcar, y cuenta con pequeños ganaderos. Su ciudad principal, Sensuntepeque, se encuentra aproximadamente a 70 km al oeste de San Salvador.
La decisión del presidente de iniciar esta guerra contra las pandillas se produjo en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana en marzo de 2022. Esta acción se llevó a cabo bajo un régimen de excepción aprobado por el Congreso, aunque ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Según informó el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, la cantidad de personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador es superior a 71,770. Durante una entrevista en un canal local, el funcionario mencionó que hasta la fecha, después de un año de implementación, se han realizado 71,776 capturas.
Villatoro afirmó que las autoridades de Seguridad salvadoreñas mantienen comunicación con México, Belice, Guatemala e incluso Estados Unidos para capturar a miembros de ciertas estructuras delictivas que han huido a esos países.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de detención administrativa a un máximo de 15 días.
Recientemente, organizaciones humanitarias han denunciado que la cifra de "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos bajo este régimen de excepción asciende a al menos 5,490, con unos 13,581 "hechos violatorios". La detención arbitraria es el delito más denunciado, representando el 95.32% de los casos, ocurridos entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.
El 14 de julio, el Estado de El Salvador rechazó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de atropellos, acoso a la prensa y torturas realizadas por las organizaciones humanitarias.
La CIDH hizo un llamado al gobierno de Bukele en abril pasado para "restablecer" los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo el régimen de excepción, argumentando que se había instaurado por motivos de seguridad ciudadana. En un comunicado, el organismo instó al Estado a respetar los derechos humanos en la adopción de medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar actividades delictivas.
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