Sentencian a altos oficiales bolivianos en polémicos "juicios abreviados" bajo la sombra de Evo Morales

En una controvertida decisión judicial, cuatro altos oficiales bolivianos, entre ellos dos generales, un comandante y un almirante, fueron sometidos a "juicios abreviados" y sentenciados a penas de dos y tres años de cárcel. Estas sentencias, que han suscitado críticas, se suman a la creciente percepción de la influencia del ex presidente Evo Morales en asuntos judiciales, evidenciando su capacidad para moldear el destino de aquellos que alguna vez estuvieron bajo su mando. Los oficiales condenados, el general Pastor Mendieta y el almirante Palmiro Jarjury, cumplirán con penas de dos años tras haber admitido su culpabilidad en hechos relacionados con la renuncia de Evo Morales en 2019. Por otro lado, el general Jorge Terceros permanecerá un año más en prisión por revelar que el entonces ministro de defensa de Morales propuso que los militares tomen el poder. Estos juicios, que datan desde principios de 2020, fueron solicitados por Morales, quien exigió que se castigara a los militares por ser testigos del reconocimiento de fraude electoral durante las elecciones en las que él participaba. La sombra de Morales también se extiende a la ex presidenta Jeanine Áñez, quien enfrentará un juicio ordinario. Aunque cincuenta oficiales continúan detenidos, se resisten a aceptar supuestas culpas como condición para "juicios abreviados", denunciando un intento de chantaje por parte del régimen. La situación judicial actual revive acontecimientos de 2019, cuando el alto mando militar, ahora condenado, fue testigo de las turbulentas negociaciones entre Morales y los líderes militares durante la crisis postelectoral. Morales finalmente renunció y huyó del país en medio de una protesta nacional. Organizaciones de militares retirados critican al actual alto mando por no defender a los oficiales detenidos y cuestionan la idoneidad de los comandantes actuales para ocupar sus roles. En un giro adicional, jueces de El Alto y Sacaba que se declararon incompetentes para juzgar a Áñez enfrentan "acciones disciplinarias" de la Procuraduría, tras presiones de Morales. Esto, a pesar de la afirmación previa del Consejo de la Magistratura sobre la independencia judicial. Analistas sugieren que el juicio ordinario contra Áñez podría tener implicaciones más amplias, cuestionando la legalidad de decisiones gubernamentales, incluida la elección de Luis Arce, exministro de Economía de Morales. Morales, por su parte, critica la gestión de Arce, insinuando una agenda crítica hacia el actual gobierno, del cual fue ministro durante trece años.